Vivimos tiempos insólitos e impredecibles. La pandemia que nos acosa, conforme avanza el tiempo, está desnudando el mundo que tenemos; desde su ángulo real. Ya no es posible maquillar ocultar o disfrazar las enormes contradicciones y desigualdades de nuestras sociedades y tampoco dejar de actuar. 

Seguimos vivos y el mundo que conocemos no ha dejado de existir. Nos estamos sobreponiendo y depende de nosotros continuar. Sin darnos cuenta, más allá de lo que hagan o dejen de hacer o digan nuestras autoridades, estamos convirtiendo el miedo y la desgracia, que acompaña nuestros días incluso con la muerte de seres queridos y amados, en oportunidad.

En esa perspectiva, necesitamos ver a este tiempo -también- como de esperanza, de corrección, de genuina solidaridad, de priorización y, entre otros, de adaptación. Ahora más que nunca se necesita tomar decisiones distintas para el futuro y, en ese proceso, nadie debe ser excluido.

Las instituciones del Estado, desde este enfoque, deben tener su ruta trazada y todas hacia una misma dirección; cuando de prestación de servicios se trata. Lo lógico es que, más allá de la caracterización de su mandato legal, se complementen en sus distintos niveles de organización. Lo absurdo es su inacción, que se entorpezcan u obstaculicen al ser brindados; como ocurre en el país regiones y provincias en nombre de las autonomías, la libertad de expresión e incluso derechos políticos.

Toda autoridad es instituida para servir a la población y proteger a las personas residentes en su territorio (dependiendo de sus niveles de gobierno), en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos como la salud y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Esta concepción de horizonte, que conviene a todos y todas hacer propia, generaría autoridades coherentes previsoras y proactivas; aquellas que siempre sumarían. Esto es, autoridades que informan con criterios de razonabilidad y pedagogía social, datos sistematizados de la realidad y su labor. Serían autoridades que construyen instituciones con legitimidad.

En ese sentido, de cara a un mejor futuro, no puede haber cabida en el Estado para quienes siguen planes personales y de logias o que atienden necesidades a su manera. Tampoco que políticos inmorales, de ayer y de hoy, y sus operadores -principalmente mediáticos- inmiscuyan sus intereses partidarios y mañas mercantiles en busca del poder. Apostemos por autoridades y servidores eficientes eficaces y con iniciativa y mente abierta que, en base a hoja de ruta temática e institucional y con gobierno transparente, construyan políticas de Estado.

Resulta auspicioso, en esa línea, que hayan iniciativas que van contra el predominante estado de cosas; como el centralismo -hija de la dejadez y el desarraigo- y plantean ajustes en la estructura y funciones del Estado. El reto lo acaba de plantear, entre otros, el Prefecto de Cajamarca Fernando Silva, cuando le solicita a la representación cajamarquina en el Congreso, que revisen las funciones que el Estado tiene en la Región y promuevan iniciativas legislativas tendientes a renovar procedimientos optimizar recursos y definición de prioridades y, brindando servicios accesibles eficaces y eficientes, acerquen la población a las instituciones.

En todo orden de intervención de un Estado, si existen objetivos -conocidos- a alcanzar, ayuda a la posibilidad de controlar la marcha de cualquier gobierno (alcaldes, gobernadores, presidentes y otras autoridades), apoyar sus aciertos o demandar la corrección de sus errores. Interpelarlo y proponer su mejor función, hoy más que antes, es una necesidad.

Los tiempos que vivimos nos exigen no quedarnos paralizados. Hay que empujar soluciones y alentar esperanzas. Hacer política, “en el más profundo y efectivo sentido ciudadano”, insisto, nos queda y no cuesta.