La relación entre marco jurídico, situación de la justicia y realidad penitenciaria, en la teoría, es nítida y expresa un esquema de exhaustivo respeto de los derechos humanos por parte de los Estados a los que considera “súbditos”; entre ellos los privados de libertad. En la práctica, dependiendo del “modelo” o “sistema” adoptado en los países del mundo, hay abismos de diferencia entre estos enunciados teóricos y lo que ocurre en la realidad.

El marco jurídico es el componente central, de los varios existentes, que define la política de un Estado en materia judicial, penitenciaria y cualquier otro ámbito. Los jueces y fiscales interpretan y aplican, usando -entre otras herramientas de sus respectivas funciones- las normas y la jurisprudencia del derecho internacional, ese marco jurídico que los órganos políticos (Ejecutivo y Legislativo) dictan. La realidad de las cárceles, depende mayormente de la calidad de ese marco jurídico, pero sobre todo de su cumplimiento por jueces fiscales y agentes de Estado a cargo del sector “Justicia” “Interior” o “Gobierno”, según país.  

Y más allá de cualquier discusión sobre la naturaleza del crimen o la responsabilidad social y de los gobiernos de su profundización y su castigo o sobre la potestad punitiva del Estado y de sus formas de aplicarlo, importa que contemos con Estados que, a través de sus instituciones especializadas, ejecuten penas respetando sus propios parámetros y aquellos asumidos en su relación multilateral con la comunidad internacional; por ejemplo “Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”.

Están fracasando, en esa medida como Estados, aquellos que en su ejercicio punitivo violan sistemáticamente derechos de los reclusos; al someterlos a las mismas o peores situaciones que los llevaron a prisión. También los que mantienen en situación de crisis estructural a las instituciones que hacen al sistema de justicia y con ello convierten en inaccesibles sus servicios, violando derechos humanos.

Hasta ahora ningún Estado y tampoco gobernante, ha recibido sanción efectiva por este estado de cosas. Los mecanismos estatales y los de la comunidad internacional siguen siendo nominales; porque no han evolucionado y se han petrificado en apenas “recomendaciones” o “exhortaciones” o una u otra sentencia de tribunal internacional que no todos cumplen.  El concepto “soberanía de los Estados” es usado para eludir responsabilidades, mientras tanto el 75 % de los reclusos en Haití, el 70 % en Bolivia y el 63 % en Venezuela, tienen detención preventiva por tiempos -largamente- superiores a sus propios plazos.

Lo grave, de estas realidades, es que los llamados a corregir tales perversiones y distorsiones del funcionamiento de nuestros Estados, lo asumen como “normal”; porque les conviene y por eso no apuestan por reformas estructurales e inversión en lo sustantivo, por ejemplo en educación. A la clase política, desde nuestra emancipación, les ha resultado rentable dictar y mantener políticas criminales duras y deshumanizantes que han colocado como carne de presidió a sectores pobres y marginales; como forma de control social. También han instrumentalizado la justicia para evitar sanción a sus crímenes, entre tantos por citar, de corrupción y lesa humanidad. Los recientes gobiernos de América Latina, ofrecen abundante materia prima para constatar estas afirmaciones. 

En este contexto, el COVID-19 nos ha vuelto los ojos sobre la situación de miles de presos en nuestros países, debido a la cantidad de muertos que ha generado las condiciones de sobrepoblación hacinamiento y desnutrición en las que viven; porque la realidad penitenciaria, si no es por informes de una o dos ONGs “serias” o estudiosos temáticos “independientes” en Latinoamérica, no hace noticia. Las dos últimas semanas las redes sociales estuvieron plagadas de comentarios sobre el punto, ahora el entusiasmo y activismo pasó. Por cierto también hay mineros que están muriendo por el COVID-19.

Seguimos siendo reactivos frente a los “grandes problemas nacionales” e irresponsables y simplistas al culpar, fundamentalmente por ego y razones políticas, de lo que ocurre en las cárceles al ministro y Gobierno de turno. ¿Se ignora acaso que la crisis penitenciaria, al igual que la judicial la de salud o educación, es histórica y estructural y que superarla es un proceso sociopolítico de largo aliento? ¿Abandonaremos y superaremos -alguna vez- este pernicioso círculo de “conocimiento” y “comprensión” de la realidad?

Una de las mejores cartas de presentación de un país y su pueblo, lo define la forma como sus gobernantes tratan a sus presos y a los que menos tienen. Lo dejo anotado.