Desde hace décadas es común hablar de mafias rusas, chinas, italianas, gallegas, colombianas. En los últimos años, por los destapes periodísticos de investigación y la acción democrática del sistema de justicia anticorrupción, engruesan estos clanes del crimen en el mundo las mafias peruanas.

 ¿Mafias en plural en Perú?, sí.

No solo serían los del bloque fujimorista, alanista y sus aliados en gremios empresariales y medios de comunicación, “liderados” por la señora “K”. Ahora se evidencia, a propósito de la intentona de la “vacancia presidencial”, que existen acuerdos, planes y acciones coordinadas, al margen y en paralelo de los primeros, de los que también se oponen a la reforma universitaria, la reforma política y electoral; y la profundización de las transformaciones en materia judicial.

Todos tienen un elemento común, quieren tomar el poder y no les importa si es por asalto y atropellando procedimientos, institutos jurídicos e instituciones. Sienten que el tiempo y la oportunidad se les agota, por eso, en este periodo de gobierno lo han intentado, vía “vacancia presidencial” con lo de ahora, hasta en tres oportunidades.

Otra variable que comparten, estas mafias, son los enjuiciamientos que el sistema de justicia les sigue. Aclaro que, estos procesos, no es a pedido o impulso del Gobierno del presidente Vizcarra, porque así estos procesados lo quieren mostrar, es de jueces y fiscales independientes; que los tienen en jaque, por las pruebas y gravedad de sus crímenes, que más temprano que tarde los llevarán a prisión.

Todos ellos, por eso la calificación de “mafias”, cuando se han relacionado con el Estado, a través de alguna función a la que accedieron por compadrazgos y componendas políticas, lo han asaltado también de modo orquestado y se han enriquecido; afectando el acceso a derechos fundamentales de peruanos y peruanas. Esto es clave comprenderlo, porque ayudará a evitar que nuestro Estado termine-completamente en manos del crimen organizado.

En esa medida, en materia de educación, salud, justicia, infraestructura vial y otros ámbitos, seguimos con déficits de servicios. La pandemia que nos tiene de rodillas, lo muestro una vez más como ejemplo, lo ha desnudado en su real dimensión en el ámbito sanitario.  

Se cierne considerando la intentona golpista en desarrollo encabezada por Merino, Alarcón, Luna, A. Humala, Acuña, sus constitucionalistas a sueldo y sus socios aun invisibles, un grave riesgo para la institucionalidad democrática de nuestro país. Prolongar su tiempo de fechorías usando el Congreso, y mientras eso ocurra buscar impunidad para los mismos, es su objetivo.

Lo están demostrando. Su conducta política es de hienas y la presa somos los peruanos y peruanas, nuestras precarias instituciones que las quieren a su servicio y las riquezas naturales que tenemos. No apuestan por el imperio de la ley, sino de las reglas que hacen a un mundo dominado por el crimen, la impunidad, la discriminación y, entre otros, la muerte.

Salimos de una composición congresal plagada de miseria humana, hace menos de un año cuando fue disuelto constitucionalmente el Legislativo, para caer en otra que, salvo honrosas excepciones, sólo piensa en cómo perpetuarse y afirmar la existencia de un Estado pro crimen.

El presidente Vizcarra debe ser investigado, cuando concluya su periodo, y sancionado; si el sistema de justicia lo encuentra responsable de las acusaciones en su contra. Cualquier persona honesta, siguiendo lo que la ley establece, espera lo mismo. No pueden existir excepciones, porque “el Perú está primero”.

Impedir que las mafias que nos acosan profundicen la inestabilidad política que vive nuestro Perú, cuando enfrentamos a la mayor crisis sanitaria de la historia y una profunda recesión, es un imperativo. Que la incapacidad moral de nuestros gobernantes sea un motivo para corregir nuestros errores, eligiendo mejor el próximo abril, y para reivindicarnos con el país que nos dio la vida.